Turismo comunitario: entre gobernanza compartida y autonomía local, ¿qué papel juegan las autoridades públicas?.

Apoyado por organizaciones locales de la sociedad civil, el turismo comunitario pretende reforzar la autonomía económica, social y cultural de las comunidades locales. A medida que gana visibilidad internacional, plantea una cuestión central: ¿qué apoyo pueden ofrecer las autoridades públicas a estas iniciativas?

El 20 de mayo de 2025, la mesa redonda organizada por el grupo de trabajo «Turismo Comunitario y Justo» de la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO) puso de manifiesto diversas perspectivas sobre este tema. Dos miembros de ISTO compartieron sus experiencias:

• Alix Zavariz Romero de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California (México),
• Coralie Marti de la Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) (Francia), coordinadora de este Grupo de Trabajo.

Expectativas específicas con respecto a las autoridades públicas

Se espera el apoyo de las autoridades públicas a varios niveles. En primer lugar, en términos de infraestructuras: muchas zonas rurales carecen de carreteras, agua potable, electricidad o conexión a Internet, todos ellos son obstáculos importantes para el desarrollo del turismo. El apoyo a la inversión por parte de las autoridades públicas se considera, por tanto, una condición esencial para la viabilidad de los proyectos.

También se destaca a menudo el reto de la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil que están detrás de los proyectos turísticos: necesidades de formación, refuerzo de las capacidades locales, apoyo a la formalización jurídica o fiscal, etc. Las organizaciones comunitarias piden un apoyo público que respete su ritmo y sus especificidades culturales, y que no se limite a un enfoque de arriba hacia abajo o estandarizado.

Por último, las comunidades esperan que el Estado garantice la sostenibilidad. En las regiones sometidas a la presión del turismo o la especulación del suelo, la intervención pública es crucial para proteger los recursos naturales y garantizar que los beneficios del turismo reviertan en la población local.

La gobernanza compartida sigue en construcción

La relación entre las comunidades y los poderes públicos sigue siendo compleja. Algunas experiencias, como en Baja California (México), muestran una voluntad de integrar a las comunidades indígenas en las políticas turísticas. Pero estos ejemplos son todavía escasos. En muchos contextos, las autoridades públicas siguen favoreciendo la iniciativa empresarial privada individual, considerada más rentable, en detrimento de las formas colectivas de gestión.

Las organizaciones comunitarias piden participar en la toma de decisiones, no a título consultivo, sino como verdaderos cogestores de las políticas turísticas. Ello supone la creación de espacios de diálogo a escala regional: comités multiactores, plataformas interinstitucionales, planes de acción compartidos, etc.

Algunas regiones están intentando vincular distintos niveles de intervención en torno a objetivos comunes: sostenibilidad, igualdad de género, valorización cultural. Pero estas iniciativas se ven a menudo obstaculizadas por lógicas administrativas rígidas, falta de continuidad política o infravaloración del papel de los conocimientos locales.

Entre cooperación e independencia: un delicado equilibrio

La relación entre las iniciativas comunitarias y las instituciones suele ser ambivalente. Por un lado, los actores del turismo justo reconocen que el apoyo público puede mejorar su visibilidad, facilitar su acceso a la financiación y permitirles integrarse mejor en las políticas sectoriales. Por otro, denuncian los riesgos de instrumentalización: proyectos utilizados con fines de comunicación institucional, sin reconocimiento real de sus objetivos ni de sus raíces sociales.

Esta tensión ha llevado a muchas organizaciones a buscar formas flexibles de asociación. Eligen colaboraciones públicas a condición de que éstas garanticen la participación de los residentes locales y respeten los modos colectivos de gobernanza. Entablan un diálogo crítico con las autoridades, aceptan cooperaciones puntuales, pero evitan la dependencia a largo plazo.

Esta posición sigue siendo difícil de mantener en determinados contextos en los que las autoridades no son muy abiertas a la concertación o están influidas por consideraciones comerciales. A la inversa, la fragilidad económica de algunos proyectos los hace vulnerables a una dependencia excesiva de la financiación pública.

Un proyecto político de emancipación

El turismo comunitario defiende la soberanía de las poblaciones locales sobre sus territorios. Es una visión política del desarrollo, basada en la autodeterminación local. En lugar de someterse a inversiones externas, las comunidades optan por un desarrollo endógeno basado en sus propias prioridades.

Este enfoque está en consonancia con otras luchas, como las de la soberanía alimentaria. En muchas zonas rurales, un turismo respetuoso con los modos de vida locales puede contribuir a mantener a la gente en la tierra, diversificar sus ingresos y reforzar su capacidad de recuperación.

En varias regiones ya existen mecanismos colectivos de toma de decisiones. En México, por ejemplo, las asambleas ejidales permiten a las comunidades indígenas debatir colectivamente la acogida de proyectos turísticos. Este tipo de regulación local, respaldada por el reconocimiento institucional, garantiza que el desarrollo no se produzca en detrimento de las poblaciones locales.

Diálogo entre regiones

El turismo comunitario adopta formas diferentes según los contextos. En Francia, por ejemplo, las iniciativas lideradas por asociaciones, cooperativas o grupos de residentes forman parte del mismo enfoque, aunque no siempre se identifiquen como tales.

Es esencial reforzar el diálogo entre territorios, ya sea Sur-Sur, Sur-Norte o Norte-Norte. Estos intercambios alimentan una cultura compartida del turismo justo, basada en la soberanía local, el respeto cultural, la sostenibilidad medioambiental y la justa redistribución de los beneficios. Los diálogos multiactor como los que existen en el seno de ISTO son, por tanto, esenciales para el aprendizaje colectivo y el desarrollo colectivo de prácticas a favor de la sostenibilidad social del turismo.

Por una alianza que respete a las comunidades

Como fue recordado durante la mesa redonda, el turismo comunitario no es una sucesión de proyectos, sino una palanca de cambio social. Se basa en la idea de que las comunidades deben controlar su propio desarrollo. En este contexto, el papel de los poderes públicos sólo puede ser de apoyo. Debe respetar las iniciativas locales, sin pretender sustituir las dinámicas comunitarias.

Los profesionales del turismo justo, las ONG, las instituciones y las autoridades locales tienen una responsabilidad colectiva: inventar nuevas formas de cooperación más justas y equilibradas, en las que las prioridades de la población local primen sobre la lógica de la rentabilidad a corto plazo. Sólo así el turismo de proximidad podrá convertirse en un verdadero motor de emancipación.

Desde esta perspectiva, el turismo comunitario puede convertirse en una poderosa palanca de cambio social, siempre que sea reconocido como tal en las políticas públicas a todos los niveles.

Artículo escrito por Coralie Marti (ATES).